Por un sistema de pensiones con perspectiva de género
Según el Informe de Género publicado en diciembre 2022 por la Superintendencia de Pensiones, el monto promedio de pensión pagada para las mujeres fue de $281.419, mientras que en el caso de los hombres fue de $438.141, lo que representa una brecha de 35,8%. Ahora, si observamos la mediana, la brecha aumenta, pues este monto se estimó en $201.830 para las mujeres y en $346.750 para los hombres, registrando una brecha de género de 41,8%.
Por Valentina Rojas Castañeda Investigadora del Observatorio de Políticas Económicas
En los últimos días se han publicado varias columnas sobre pensiones y toda la discusión que ronda al proyecto presentado por el Gobierno en noviembre del año pasado. Se ha hablado de que lo que les falta a las AFP es ampliar la licitación de afiliados en la industria, que lo que quiere la gente es la “libertad de elegir”, que lo que necesitamos es un seguro de longevidad financiado con parte de la cotización individual, que para qué la reforma si la PGU ya mejoró las pensiones y hasta que el Gobierno quiere marcar hitos después del fracaso de la reforma tributaria…
Parece que se les ha olvidado que hace más de 10 años que las personas esperan un acuerdo para cambiar el sistema de pensiones, así es, para cambiar el sistema de pensiones. La gente no quiere seguir con el mismo modelo de las AFP que prometió tanto y dio poco y nada. La gente ya no confía en las AFP y lo que necesitamos es un nuevo contrato social que legitime un nuevo sistema de pensiones.
Uno de los temas que es fundamental y que no se ha hablado mucho es la tremenda brecha de género que existe en pensiones. Según el Informe de Género publicado en diciembre 2022 por la Superintendencia de Pensiones, el monto promedio de pensión pagada para las mujeres fue de $281.419, mientras que en el caso de los hombres fue de $438.141, lo que representa una brecha de 35,8%. Ahora, si observamos la mediana, la brecha aumenta, pues este monto se estimó en $201.830 para las mujeres y en $346.750 para los hombres, registrando una brecha de género de 41,8%.
Por otro lado, si separamos el análisis entre las personas que reciben la PGU y quienes no, a partir de los montos promedio, tenemos que la brecha de género entre quienes no la reciben fue de 48,1%, mientras que para las personas que reciben PGU fue de 11,6%. A su vez, la brecha para la mediana fue de 42,8% entre quienes no la reciben y 10,3% entre quienes fueron beneficiarios.
Si bien es cierto que la PGU mejoró las pensiones y eso ayudó en acortar la brecha de género, esta no es recibida por todas las personas. Si vemos la brecha de género solo entre quienes no son beneficiadas por la PGU, la brecha aumenta en comparación con el análisis inicial (de un 35,8% la brecha aumenta a 48,1% en el monto promedio de pensiones). Aun así, vemos que entre las personas beneficiadas con la PGU aún existe una brecha de género y, por lo tanto, podemos decir que todavía queda mucho en que avanzar.
Pero la desigualdad de género no empieza ni termina con los montos de pensiones. Necesitamos buscar cómo disminuir las desigualdades de género originadas en el mercado laboral remunerado y en la asignación patriarcal de roles entre hombres y mujeres que el actual sistema reproduce.
Así pues, es importante mencionar que en el sistema actual hay carencia de solidaridad entre afiliados, particularmente en género, lo que impacta negativamente a las mujeres. Para entender este punto es necesario mirar desde otra perspectiva por qué las mujeres tienen lagunas o bajo nivel de cotizaciones. Por ejemplo, las mujeres son quienes generalmente se quedan en la casa para hacerse cargo de labores domésticas o son las que tienen que salir del mercado laboral remunerado para cuidar a sus hijos o hijas o algún enfermo. Por ende, son quienes no pueden participar del mercado laboral remunerado o tienen periodos en el cual no participan y después vuelven.
En la Encuesta Nacional de Juventud 2022, el 30,4% de mujeres entre 15 a 29 años que declara no estudiar y estar fuera de la fuerza de trabajo al momento de la encuesta, estarían dispuestas a buscar trabajo resolviendo labores domésticas o de cuidado, mientras que para el caso de los hombres es un 4,4%. Ante esto, podemos mencionar que hay un porcentaje no menor de mujeres jóvenes que se queda fuera de participar en el mercado laboral remunerado por tener que atender labores domésticas no remuneradas.
Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2015, el tiempo promedio semanal dedicado al trabajo no remunerado es de 6,1 horas al día en el caso de las mujeres, mientras que para los hombres es de 2,7 horas al día. Aquí vemos que las mujeres pasan considerablemente más horas en labores domésticas y de cuidados.
Que las mujeres cubran este tipo de labores permite al hombre salir al mercado laboral remunerado y cumplir con los requisitos que el sistema de pensiones requiere en la actualidad, al menos en el componente de capitalización individual.
Por otra parte, es importante recalcar algunos de los aspectos positivos de la reforma presentada por el Gobierno, como que se avanza en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en línea con experiencia internacional, así como el beneficio por tablas de mortalidad, el complemento por tareas de cuidado, el complemento por maternidad y el complemento por lagunas.
Otro elemento positivo es la solidaridad intrageneracional, que beneficia proporcionalmente más a mujeres que a hombres, al haber traspasos de mayores a menores ingresos. Al registrarse un 70% del aporte efectivo del empleador más un 30% del aporte promedio al sistema, entonces a las personas con cotizaciones menores al promedio se les registraría más de su 6% aportado por el empleador y, como las mujeres tienen menores ingresos, se verían más beneficiadas con la solidaridad intrageneracional.
Para construir un sistema de pensiones que incluya perspectiva de género, dos elementos son fundamentales: la importancia del componente solidario y la necesidad de generar las condiciones reales para que la mujer pueda participar del mercado laboral remunerado. El componente solidario debe suplir las lagunas previsionales que tienen las mujeres, pero también debe ir acompañado de un Sistema Nacional de Cuidados que le quite la carga a la mujer, permitiéndole insertarse en el mercado laboral y poder cotizar en el sistema de pensiones.