La oportunidad del litio: lo urgente no quita lo importante

No hay duda de que el negocio del litio resulta rentable para Chile. Pero cómo, para qué y a qué ritmo explotarlo merece un debate mayor, sugiere esta columna para CIPER: «Reordenar lo ‘económicamente urgente’ por lo socioambientalmente responsable debe ser prioritario. Explorar, explotar y distribuir debe ser un proceso realizado en conjunto con las comunidades que habitan esos territorios; lo cual no es menos urgente, sino que sostenible.»

Por Ignacio Silva Neira Director Ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas OPES


Una editorial reciente en el Diario Financiero cuestiona la agilidad con la que se está promoviendo la explotación del litio hoy en Chile: «Si no tiene en cuenta la necesidad de acelerar el tranco, arriesga terminar siendo letra muerta», se indica sobre la Estrategia Nacional del Litio planteada por el gobierno, la cual busca desarrollar dicha industria teniendo como uno de los elementos centrales la creación de la Empresa Nacional del Litio. Actualmente, se espera que el Ejecutivo envíe el proyecto de Ley para la creación de este nuevo organismo luego del desarrollo de un proceso de diálogo con las comunidades.

El apremio del negocio es innegable: la demanda se ha incrementado exponencialmente debido a los requerimientos de la industria de la electromovilidad y a su papel central en la transición energética; en una ventana que podría durar por dos o tres décadas. Al mismo tiempo, la oferta mundial avanza con rezagos, y por momentos no puede abastecer a la demanda. Tal como informó Cochilco en un reciente estudio, el mercado ha observado un importante incremento en los precios: en dos años se ha visto un aumento de 515% para el hidróxido de litio, y de 680% para el carbonato de litio.

Pero lo urgente no quita lo importante, y por ello los cálculos cortoplacitas que suelen primar en la economía nacional no pueden ponerse por delante de las oportunidades de largo plazo en este tema. Atender a lo urgente generaría rentas (principalmente para los privados involucrados), pero al mismo tiempo se seguirían explotando las actuales ventajas competitivas basadas en recursos naturales, las que no aseguran prosperidad de largo plazo, ni económica ni socioambiental. Basta con mirar al pasado. 

Hay consenso en torno al crecimiento que experimentó Chile luego del retorno a la democracia (1990 en adelante), aunque luego surgieron cuestionamientos sobre los límites del modelo y el bajo desempeño económico. De una tasa de crecimiento per cápita de 5,7% anual entre 1991 y 1998, el PIB per cápita 1999-2013 creció a un promedio de 3,2%. Más leve aún fue el crecimiento cuando se acabó el boom del precio del cobre (0,6% anual entre 2014 y 2019). Pero la disminución en el crecimiento no era la única señal; también lo era un sector exportador que perdía dinamismo (concentrando la mitad de sus exportaciones en cobre) y una productividad que se mantenía estancada desde el 2000, limitando el crecimiento económico a la acumulación de capital fijo o al crecimiento de la fuerza laboral. 

El Atlas de Complejidad Económica del Harvard´s Growth Lab  publica periódicamente el desempeño económico de los países a partir de su complejidad económica. Se muestra allí que la economía chilena ha perdido complejidad (en términos de capacidades productivas), y que esta sería una de las principales razones de las bajas expectativas de crecimiento futuro:  

«⁨Chile es menos complejo de lo esperado a su nivel de ingreso. Como resultado, se proyecta que su economía crezca lentamente. El Growth Lab 2030 proyecta una estimación de crecimiento para Chile de 2,6% anual durante la década, clasificándolo en la mitad inferior de los países a nivel mundial».

Estos escasos logros en diversificación exportadora y en productividad son resultado de políticas que promovieron por años la explotación de las actuales ventajas competitivas basadas en recursos naturales, proceso que fue experimentado en paralelo con gran parte de la región. No hay duda de que los altos precios del cobre entre el 2003 y 2014 permitieron al país recibir ingresos importantes para mantener tasas de crecimiento elevadas por ese período, amortiguar la crisis financiera del 2008 y reducir la pobreza. A pesar de esto, ya bien identificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) que esta profundización productiva en recursos naturales debilitó la institucionalidad estatal y destruyó parte de las capacidades tecnológicas. Al mismo tiempo, en el resto del mundo se volvía a discutir sobre la necesidad de hacer política industrial, poniendo en relieve el valor del Estado en sectores definidos como estratégicos.

Esta profundización productiva en recursos naturales no solo tuvo consecuencias económicas, sino también socioambientales. En la actualidad, el INDH contabiliza 73 conflictos socioambientales activos, siendo la gran mayoría del sector energético y minero. Si bien la explotación del litio en Chile presenta la ventaja de realizarse a partir de salmuera —lo que implica un proceso más eficiente (ambiental y económico), en comparación tanto con la extracción del litio por roca (por ejemplo en Australia)—, aún existe incertidumbre en torno a los efectos sobre los ecosistemas de los salares y en el uso del agua. En este sentido, reordenar «lo económicamente urgente» por lo socioambientalmente responsable debe ser prioritario. Explorar, explotar y distribuir debe ser un proceso realizado en conjunto con las comunidades que habitan esos territorios; lo cual no es menos urgente, sino que sostenible. 

Si hablamos de lo urgente, habría que preguntarse, también, urgente para quién. Hoy la urgencia, como lo plantea el Diario Financiero, la tienen las empresas que se pueden apropiar de las rentas. Por otro lado, lo urgente y lo importante para el país es más bien planificar cómo utilizar estas rentas para promover una diversificación productiva. Con este fin, la Estrategia Nacional del Litio puede ser una oportunidad para que el Estado logre obtener los recursos necesarios para invertir en la construcción de una economía que, en el largo plazo, deje de depender del extractivismo, avanzando hacia una matriz productiva medioambientalmente sustentable y que genere empleos de calidad.