El desarrollo sin el desarrollo
Por Javiera Petersen, directora ejecutiva OPES y doctoranda en Innovación y Políticas Públicas, UCL
Tal como bien argumenta Ha-Joon Chang, desde el auge del neoliberalismo, desarrollo ha sido sinónimo de reducción de pobreza y mejoramiento de la condición individual desde el sustento de la estructura productiva existente. Esta conceptualización deja de lado una dimensión que históricamente ha sido central para entender el desarrollo: la productiva.
Chang sigue su argumento contándonos que previo al acuerdo neoliberal existía un amplio consenso que definía desarrollo como una transformación de la estructura productiva, desde la construcción y acumulación de capacidades colectivas, que resultaba en transformaciones de la estructura social (urbanización, cambios en las relaciones de género, fortalecimiento del poder del trabajo, etc.). Sin embargo, y sin ser sorpresa, el discurso de desarrollo que predomina en el país es el neoliberal y, por tanto, se suele hablar de desarrollo sin siquiera mencionar al desarrollo.
Las limitaciones del discurso económico en el país pueden constituir un freno importante a las aspiraciones de transformación que las mayorías han manifestado. Sin la dimensión productiva, las demandas en materia de derechos sociales, laborales y medioambientales aparentan soluciones que pasan por encima de la estructura que da origen a estas demandas, especialmente cuando la defensa del modelo actual se da, sobre todo, desde la defensa de esa misma estructura, de las instituciones económicas que la sostienen (por ejemplo, en la Constitución), y de las políticas que la reproducen.
Es en esta página que se entiende que Sebastián Edwards señale que el desarrollo económico de un país no dependa de la matriz productiva ni menos del grado de complejidad de lo que se produce, un argumento útil cuando Chile en los últimos 40 años sólo ha avanzado un puesto en el ranking del Índice de Complejidad Económica. Algo parecido pasa con quienes defienden el TPP, obviando las restricciones que este acuerdo impone a políticas de desarrollo productivo al prohibir que el país pueda poner requisitos de transferencia tecnológica a empresas extranjeras –para desarrollar capacidades tecnológica locales– y el uso de impuestos a las exportaciones para la promoción de sectores específicos.
La misma lógica se da en la discusión sobre el Banco Central y la posible revisión a su esquema de gobernanza en el debate constitucional: se argumenta que nada habría que modificar aquí por la intachable labor del ente emisor en mantener la inflación baja y estable –algo sin duda positivo–, sin mencionar que la inmovilidad del Banco Central en el mercado cambiario durante el súper ciclo del cobre resultó fortaleciendo el carácter extractivista y la dependencia en los recursos naturales de nuestra matriz productiva.
La disputa por el modelo pasa necesariamente por debatir el concepto de desarrollo. Sin esto, el riesgo es que cambiemos todo, menos lo que teníamos que cambiar.