"Mejorar las pensiones de hoy, mirando el futuro"

Diez años para reformar el sistema de pensiones es sin duda demasiado. ¿Por qué? Porque tres de cada cuatro jubilados tienen una pensión inferior al salario mínimo, la mediana de la tasa de reemplazo de la pensión autofinanciada de la mujer es de un 11%, equivalente a $38.158 y porque la tasa de reemplazo del quintil 5 es de 34%, por nombrar ejemplos.

Con la distribución del nuevo 6% con cargo al empleador correspondería 3% a capitalización individual y 3% para seguro social. El primer punto sería 70% de la cotización efectiva del empleador y un 30% de la cotización promedio de todos los cotizantes del mes. Mientras que el segundo, que va a seguro social, financiará la garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, lo que es un incentivo a la formalidad laboral y un reconocimiento al esfuerzo personal.

Esto permitiría que 2/3 de los trabajadores de nuestro país recibieran más de un 3% en su cuenta individual, dado que cotizan por un ingreso menor al ingreso promedio. Esto beneficiaría aún más a las mujeres debido a las brechas salariales existentes, además de tener garantía adicional por la compensación por expectativa de vida y complemento por labores de cuidado.

sta distribución es una buena fórmula porque permite no solo que las pensiones de los futuros jubilados aumenten, sino que también la de los actuales pensionados. Según el estudio sobre tasas de reemplazo de la Superintendencia de Pensiones, en el esquema 3-3, la pensión de una mujer que gana el salario mínimo sería de $422.805, mientras que con el 6% todo a cotización individual sería de $386.026. Del mismo modo, para una actual jubilada, la pensión con la propuesta del gobierno sería de $378.434, mientras que con el 6% todo a ahorro individual sería de $323.716.

Es fundamental destacar que es una propuesta sustentable en el tiempo y fiscalmente neutra, esto quiere decir que no necesita recursos adicionales para llevarse a cabo. Según el mismo informe, la evolución de la acumulación del fondo integrado de pensiones (FIP) es siempre positivo y al año 2100 sería cercano al 10% del PIB.

Por otro lado, que el 6% vaya a todo a capitalización individual y financiar la solidaridad con impuestos generales no es sustentable, debido a que significaría seguir aumentando la PGU lo que es insostenible para el Estado y contraproducente porque sería un incentivo a la informalidad.

Otro punto relevante de la reforma es la reorganización de la industria en donde habrá un administrador previsional que se encargará de las actividades de soporte y un ente inversor que cada pensionado tendrá la libertad de elegir entre uno público o privado. Con las indicaciones ingresadas por el gobierno, tanto el administrador de pensiones como el ente inversor del FIP, serán licitados, como el actual Seguro de Cesantía. Todos estos cambios en la industria aumentan la competencia, incentivando la reducción de las comisiones y con ello el aumento de la cotización individual en un 0,5%. Tomando todo esto en consideración se podría llegar a una cotización de 16,5% en total, acercándonos al promedio OCDE.

En suma, la propuesta del gobierno aumenta las pensiones de los actuales y futuros pensionados y es sustentable, permitiendo al país alcanzar los estándares OCDE en cuanto a pensiones, que por lo demás, son con componentes solidarios.

Valentina Rojas Castañeda

Economista, investigadora de género en OPES